Colombia sigue preocupando (y mucho): una paz que no llega

(Por Redacción Infonegocios Miami) El plan del gobierno colombiano para alcanzar una paz total ha sufrido varios contratiempos desde que comenzó, lo que ha generado escepticismo entre el público sobre su éxito. El anuncio de un cese al fuego bilateral el 31 de diciembre no fue aceptado por el ELN, que públicamente negó haber llegado a un acuerdo. Los intentos del gobierno por otorgar estatus político a los traficantes de drogas también han causado controversia, con algunos creyendo que es inapropiado.

El país también está preocupado por la "mano débil" del gobierno para tratar con traficantes de drogas y criminales. Además, las concesiones excesivas hechas en las negociaciones con el ELN, como discutir el modelo económico y político del país, han generado preocupación. Finalmente, el regreso de imágenes de un país en guerra ha preocupado a muchos colombianos. La presencia de criminales armados de disidencias de las FARC en escuelas y pueblos, así como el reciente secuestro de policías por estos grupos, solo ha aumentado la inquietud en el país.

En diciembre de 2022, dos generales retirados, Fernando Murillo y Eliécer Camacho, hablaron exclusivamente con SEMANA sobre la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de otorgar beneficios judiciales a miembros de la llamada Primera Línea, un grupo de manifestantes que se involucraron en actos violentos durante la agitación social que ocurrió en Colombia en 2021. Según los generales, quienes tuvieron que enfrentar los graves delitos cometidos por miembros de la Primera Línea, los detenidos actualmente no son manifestantes sino presuntos delincuentes que deben responder ante la justicia por sus acciones criminales. 

Dijeron que hay pruebas abrumadoras contra estas personas, y es lamentable que estén siendo liberadas y recibiendo el título de "constructores de paz". Los generales también señalaron que las actividades criminales de la Primera Línea fueron coordinadas y financiadas por grupos criminales al margen de la ley, incluidos el ELN y los disidentes de las FARC, y que hay pruebas en los procesos judiciales de que las actividades del grupo fueron financiadas por el tráfico de drogas.

Los generales criticaron la decisión de liberar a aquellos que tienen procesos judiciales por haber vandalizado el país durante la agitación social, afirmando que estas personas deberían ser responsabilizadas por sus acciones ante el sistema de justicia del país. Los generales también criticaron la postulación del gobierno de aquellos que reciben beneficios judiciales como "constructores de paz", diciendo que estas personas no tienen el perfil para ser constructores de paz o portavoces de la paz. Señalaron que los constructores de paz deberían ser personas preparadas y capacitadas para ser conciliadoras, que puedan unir al país y que puedan ayudar a reducir los actos de violencia.

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