Hay un gran esfuerzo de ONU para crear conciencia y hacer que este informe cambie posturas de muchos líderes políticos y de muchas posturas de países Latinos.
Lo informado por ONU, tras tres años de trabajo, implica que si se cometen estos crímenes, también todo voto, toda acción de prensa, toda forma de operar tiene un mismo modo o dinámica disimulada.
¿Qué pasaría hoy en Venezuela si los casi 7 millones de migrantes de su país votarán libremente y con seguridad en las elecciones?
Cuando varios actores regionales hablan de “avances” y parecen haber olvidado la brutalidad del chavismo, surge este informe contundente.
Claramente es un momento donde el mundo de la política Latinoamérica tiene que hacer un gran mea culpa sobre este tema, pero quizás gran parte de la sociedad también.
Mientras en este momento en Cuba hay más de 17 manifestaciones constantes en las calles, y desde hace meses y años hay grandes reuniones en los pueblos, en las ciudades, hay constantes cacerolazos, gritos desde las casas, para poder manifestar los crímenes que hay contra los disidentes.
Desde hace más de un año hay actos en Miami apoyando las manifestaciones de cambio del sistema político en Cuba, y de manera similar pasa en Nicaragua, tanto en las calles de este país, como en las redes, y también en las calles de Miami.
¿La sociedad, la política y los medios se acostumbraron a no escuchar esto?
¿Qué impacto tendría en toda la economía y en la política en Latinoamérica si estos hechos fueran reconocidos plenamente y si hubiera un profundo cambio de sistema político en estos países?
Contenido basado en los comunicados de prensa de Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado.
La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela cometidas tanto por el Sebin (siglas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar).
La Misión basó las conclusiones de ambos informes en 245 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia. Las entrevistas fueron realizadas tanto en persona como a distancia, mediante conexiones telefónicas o de vídeo seguras. Además, se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes. La Misión visitó áreas cercanas a las fronteras con el país, debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa sin poder acceder al territorio venezolano.
"Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos. Nuestros informes de hoy se refieren tan solo a dos aspectos de esta situación. Instamos a la comunidad internacional a que continúe monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela y vigile si se están produciendo avances creíbles para asegurar una justicia imparcial e independiente, que garantice la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos", dijo Valiñas.
Represión de la disidencia a través de los organismos de inteligencia del Estado
En sus informes anteriores, la Misión había destacado el papel de los dos servicios de inteligencia militar y civil del Estado - la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), respectivamente - en la comisión de violaciones de los derechos humanos desde 2014, en el contexto de un ataque contra opositores al Gobierno, reales o percibidos como tales. La Misión determinó que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad.
El presente informe ofrece un análisis más detallado del papel que desempeñan personas en distintos niveles de las cadenas de mando de ambos organismos, en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad.
La Misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron detenidas por la DGCIM, de las cuales 77 fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se llevó a cabo en su sede “La Boleíta”, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.
El SEBIN ha torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas. La Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014. El informe detalla cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango.
Tanto el SEBIN como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos.
Las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas, en un contexto en el cual las reformas anunciadas a partir de 2021 tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia. Las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas. Varios de los funcionarios entre los investigados por la Misión siguen trabajando para estos organismos y en algunos casos han sido ascendidos. El análisis de la Misión detalla, en definitiva, cómo esta maquinaria fue puesta en marcha por el presidente Maduro y otras autoridades de alto nivel como parte de un plan deliberado del Gobierno para reprimir la crítica y la oposición.
"Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación", declaró Francisco Cox, miembro de la misión de la MIIV.
La misión, que ya presentó dos informes -en 2020 y en 2021- haciendo hincapié en las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, insiste en que estos hechos, especialmente los cometidos por el Sebin y la DGCIM, “continúan hasta hoy”.
Y “han tenido lugar en un clima de casi total impunidad”, apunta Francisco Cox, miembro de la misión de la ONU.
Desde su creación en 2019, el grupo de la ONU no ha sido autorizado a entrar en Venezuela y ha llevado a cabo sus investigaciones en las regiones fronterizas y a partir de entrevistas a distancia.
Basa sus conclusiones en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.
“Venezuela sigue enfrentada a una profunda crisis de derechos humanos”, aseguró Valiñas.
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