El último capítulo es una demanda de gran calado anunciada este jueves por el fiscal general, Merrick Garland, contra Apple por mantener un coto cerrado sobre su producto estrella, el iPhone. Los fiscales han comparado la demanda con otros grandes casos antimonopolio históricos, como los presentados contra AT&T y Microsoft. Las acciones de Apple han caído en Bolsa este jueves un 4,09%. Para una compañía valorada en cerca de 2,7 billones de dólares, eso es un mordisco de más de 100.000 millones de dólares.
La nueva demanda, de 88 páginas, ha sido presentada por el Departamento de Justicia y los fiscales generales de 16 Estados ante un tribunal federal de Nueva Jersey. En ella, acusan al gigante tecnológico de violar las leyes antimonopolio al bloquear a sus rivales el acceso a las funciones de hardware y software de su teléfono inteligente, de modo que entorpece su capacidad para ofrecer productos y servicios alternativos a los de la propia compañía dirigida por Tim Cook.
“Apple ha mantenido un poder de monopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes, no simplemente por ir por delante de la competencia en los méritos, sino por violar la ley federal antimonopolio. Los consumidores no deben pagar precios más altos porque las empresas infrinjan la ley”, ha dicho Garland en una comparecencia junto a su equipo de fiscales. “Si no se le hace frente, Apple seguirá reforzando su monopolio de los teléfonos inteligentes”, añade el fiscal general. Apple tiene una cuota del 70% en el mercado estadounidense de teléfonos inteligentes de alto rendimiento. “Apple ha mantenido su poder, no por su superioridad, sino por su comportamiento ilegal de exclusión” sostiene Garland.
La demanda no solo afecta al lucrativo negocio de servicios de Apple, sino que va de lleno al corazón de su modelo de negocio, en que los usuarios forman parte de una red en la que, de alguna forma, están atrapados y dependen de lo que les ofrezca la compañía. En caso de prosperar puede implicar no solo multas y compensaciones económicas, sino también cambios de gran trascendencia en la forma en que opera.
Apple considera que la acción está equivocada “desde el punto de vista de los hechos y de la ley”. “Esta demanda amenaza lo que somos y los principios que distinguen a los productos de Apple en mercados fuertemente competitivos. Si prosperara, obstaculizaría nuestra capacidad de crear el tipo de tecnología que la gente espera de Apple, en la que el hardware, el software y los servicios se entrecruzan. También sentaría un peligroso precedente, al facultar al Gobierno para intervenir de forma contundente en el diseño de la tecnología de la gente”, ha indicado en un comunicado.
“Apple ha empleado una estrategia basada en una conducta anticompetitiva excluyente que perjudica tanto a los consumidores como a los desarrolladores”, ha continuado Garland. “Para los consumidores, esto ha supuesto menos opciones, precios y tarifas más elevadas, smartphones, aplicaciones y accesorios de menor calidad y menos innovación por parte de Apple y sus competidores. Para los desarrolladores, eso ha significado verse obligados a jugar con reglas que aíslan a Apple de la competencia y, como se indica en nuestra demanda, alegamos que Apple ha consolidado su poder de monopolio, no mejorando sus propios productos, sino empeorando los de los demás”, ha dicho.
Según el Departamento de Justicia, Apple lleva a cabo su conducta anticompetitiva excluyente de diversas maneras. En primer lugar, Apple impone restricciones contractuales y tarifas que limitan las características y funcionalidades que los desarrolladores pueden ofrecer a los usuarios de iPhone. En segundo lugar, Apple restringe selectivamente el acceso a los puntos de conexión entre las aplicaciones de terceros y el sistema operativo de los iPhones, degradando la funcionalidad de las aplicaciones y accesorios que no son de Apple. Como resultado, durante la mayor parte de los últimos 15 años, Apple ha recaudado lo que Garland ha llamado “un impuesto en forma de comisión del 30%” sobre el precio de cualquier aplicación descargada de la App Store. Apple también ha suprimido la aparición de programas como las aplicaciones de streaming en la nube, incluidas las aplicaciones de juegos, así como las super aplicaciones que podrían reducir la dependencia del usuario del propio sistema operativo de Apple, y de su costosos teléfonos, que como se ha encargado de recordar, cuestan hasta 1.600 dólares.
La orden judicial exigía a Apple que permitiera a los desarrolladores proporcionar enlaces y botones para dirigir a los consumidores a opciones de pago alternativas. La semana pasada, Epic exigió que se declarara a Apple en desacato, alegando que las nuevas normas y una nueva tasa del 27% impuesta a los desarrolladores hacían que los enlaces fueran en la práctica inútiles.
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Importante no es solo Apple:
El Departamento de Justicia presentó dos demandas contra Google. Una, todavía con Donald Trump en la Casa Blanca, acusaba a la empresa de supuesto abuso de su posición dominante en el mercado de los buscadores, que ha ido a juicio y está a la espera de sentencia.
Otra fue presentada por el actual fiscal general por la actuación monopolística de la empresa en el mercado de la publicidad digital y se sigue tramitando.
La FTC intentó parar sin éxito la compra de la firma de videojuegos Activision por Microsoft con otra acción judicial.
Además, en septiembre pasado, demandó a Amazon, acusándola de restringir ilegalmente la competencia y con ello “inflar los precios, degradar la calidad y hurtar la innovación a consumidores y negocios”.
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